En la mañana de este miércoles 12 de febrero, jefes comunales de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos el intendente municipal Waldemar Giordano se reunieron en el Museo Udaondo, en el partido de Luján, para realizar una declaración pública en la que reclaman la atención urgente a las rutas nacionales que atraviesan la región y exigen la distribución de los fondos recaudados por el impuesto al combustible, los cuales no han sido asignados correctamente.
La convocatoria fue liderada por Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, quien estuvo acompañado por varios intendentes de distintas vertientes del peronismo, incluidos los alineados con el Gobernador Axel Kicillof, miembros del Frente Renovador y hasta Camporistas.
La reunión fue organizada por el intendente anfitrión de Luján, Leonardo Boto. Durante el encuentro, se anunció que los jefes comunales presentarán una denuncia judicial contra el Gobierno de Javier Milei, acusándolo de desviar los fondos destinados a obras viales.
El principal reclamo gira en torno al estado de abandono de las rutas nacionales en la provincia, que no reciben mantenimiento desde hace más de un año. Las autoridades locales advirtieron que esta situación pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos que transitan por estas vías, además de frenar el desarrollo de la infraestructura vial que se necesita con urgencia para mejorar la seguridad y favorecer el crecimiento productivo de la región.
El impacto de la falta de inversión y desvío de fondos
Según los intendentes, la administración nacional recauda mensualmente fondos a través de distintos impuestos, entre ellos, el Impuesto a los Combustibles, cuyo destino específico debería ser el mantenimiento de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales del país. Sin embargo, a pesar de estar obligados por ley, el Gobierno Nacional no transfirió a Vialidad Nacional los $200 mil millones recaudados en 2024 por el Impuesto a los Combustibles y, además, se quedó con $1 billón del Impuesto PAIS, que también debería haberse destinado a infraestructura vial.
El informe presentado por los funcionarios refleja que la inversión de Vialidad Nacional en la Provincia de Buenos Aires cayó un 85,9% durante 2024 en comparación con el año anterior, convirtiéndola en la provincia más perjudicada por los recortes en inversión vial.
Desvío de fondos y falta de obras
A pesar de la obligación legal, los datos del Presupuesto Abierto y un informe del Instituto Argentina Grande indican que durante 2024 Vialidad Nacional debía recibir $349,13 mil millones provenientes del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. Sin embargo, solo se transfirieron $149 mil millones, lo que representa el 42,6% del total previsto. Esta falta de fondos y la paralización de las obras viales en todo el país, según los informes, impidió la ejecución de nuevas rutas y el mantenimiento de las ya existentes.
Los intendentes se cuestionaron: “¿Dónde están esos fondos si la obra pública está frenada?”. La falta de inversión en rutas nacionales, especialmente en la provincia de Buenos Aires, pone en evidencia un grave problema de desfinanciamiento e incumplimiento de las promesas de inversión en infraestructura vial.
La situación de las rutas nacionales en la provincia, que atraviesan 57 municipios y suman más de 4.000 kilómetros, continúa siendo una de las mayores preocupaciones para los jefes comunales y la ciudadanía en general. Los reclamos de los intendentes buscan revertir la parálisis de las obras y asegurar que los fondos destinados al mantenimiento vial sean correctamente utilizados