El Gobierno acata la cautelar por la jubilación de Cristina Kirchner, pero le aplicará fuertes descuentos y recurre a la Corte
La disputa judicial y política en torno a los ingresos previsionales de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner suma un nuevo capítulo. Luego de que la ANSES comunicara que comenzará a percibir una pensión mensual bruta de $15.683.154,06 a partir de agosto, el Gobierno nacional confirmó que acatará la medida cautelar de la Justicia, pero implementará de inmediato dos fuertes descuentos económicos sobre ese total.
El organismo previsional restablecerá de forma provisoria uno de los beneficios que le habían sido suspendidos en noviembre de 2024, tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad. Sin embargo, desde la Casa Rosada ya diseñaron una estrategia de quitas financieras y batalla legal en el máximo tribunal.
Los dos descuentos que aplicará el Gobierno
A las deducciones tradicionales que ya se le venían realizando por aportes a la obra social e Impuesto a las Ganancias, el Ejecutivo sumará dos medidas específicas fundamentadas en la situación judicial de la ex mandataria:
- Eliminación del adicional por zona austral: El Gobierno decidió dar de baja este beneficio con el argumento de que Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en la Capital Federal, perdiendo el derecho al plus por residencia patagónica.
- Descuento mensual por “cobros indebidos”: Se le retendrá una suma fija de $3.136.630,81 por mes hasta cubrir un total de $660.052.338,87, monto que el Estado considera que la ex presidenta percibió de manera indebida durante los años en que acumuló ambos beneficios.
El origen del conflicto: La Ley 24.018 y la causa Vialidad
Hasta finales de 2024, Cristina Kirchner percibía dos asignaciones de privilegio bajo el amparo de la Ley 24.018, que regula los ingresos de los ex mandatarios nacionales:
- Su jubilación como ex presidenta de la Nación.
- Su pensión como viuda del ex presidente Néstor Kirchner.
Ambos haberes fueron dados de baja por la gestión actual luego de que la Justicia la condenara a seis años de prisión por administración fraudulenta. La medida cautelar vigente obliga ahora a la ANSES a devolver de forma transitoria uno de estos haberes, reactivando la controversia pública.
Apelación en la Corte: El argumento del “honor y buen desempeño”
A pesar de verse obligado a liquidar el beneficio a partir de agosto, el Ministerio de Capital Humano y la ANSES ratificaron que mantienen firme el recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para anular la cautelar de manera definitiva.
La postura oficial: El Gobierno sostiene que las asignaciones excepcionales de la Ley 24.018 están supeditadas al “honor, mérito y buen desempeño en el cargo”. Desde la perspectiva del oficialismo, una condena firme por delitos contra la administración pública invalida por completo el acceso a cualquier régimen previsional de privilegio.
Con esta estrategia, el Poder Ejecutivo busca agotar todas las instancias judiciales posibles para evitar el pago pleno, mientras la Corte Suprema tiene en sus manos la decisión final sobre el futuro de los haberes de la ex vicepresidenta.